La situación de estancamiento actual, heredada del gobierno macrista, y agravada por las consecuencias producidas por la pandemia del Codiv-19 dio cuenta de que el Estado está afrontando, y lo seguirá haciendo en el mediano y largo plazo, gastos urgentes y necesarios para garantizar derechos.
Gravar las grandes fortunas personales con un impuesto de emergencia, con una alícuota del 2% para aquellos que hayan declarado un patrimonio superior a los 200 millones de pesos, nos parece absolutamente necesario y justo, por ello exigimos que el proyecto sea rápidamente tratado en el Congreso de la nación, para que la crisis no la pague el pueblo sino los que se enriquecieron desde hace décadas, especialmente durante el Gobierno de Macri.
Es de vital importancia que el Gobierno Nacional dé el primer paso en sancionar la ley que impulsa gravar la riqueza /grandes fortunas para que las provincias puedan avanzar en el mismo sentido, implementar políticas económica-sociales direccionadas a combatir las desigualdades estructurales, que hoy están signados por una estructura tributaria regresiva, con escasa capacidad de recaudación y con exiguo alcance a los impuestos a la renta y grandes riquezas y empresas.
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