Hace dos años, lxs trabajadores de la educación de todo el país discutíamos con los gobiernos provinciales las condiciones que eran necesarias para volver a la presencialidad en el segundo año de Pandemia.

Entre mayo y julio de 2021 se vivió la segunda ola de contagios y se lamentaron cuantiosas víctimas. En el caso de Neuquén, la ocupación de las camas de Terapia Intensiva en los Centros de Salud, tanto públicos como privados, llegaba en aquellos días al 100%. Por eso, desde aten impulsábamos la continuidad de las actividades virtuales, para evitar nuevos contagios que no tendrían lugar para su atención.

Sin embargo, el gobierno provincial, impuso un proceso de retorno, apresurado y confrontando con aten, haciendo lugar al reclamo de grupos minoritarios de familias y comerciantes para que se ponga fin a las medidas de distanciamiento social, del mismo modo que a nivel nacional lo pedía el Macrismo.

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Aguada San Roque es un paraje rural ubicado a unos 58 Km de la ciudad de Añelo, en el corazón de la formación geológica conocida como Vaca Muerta, uno de los yacimientos de Petróleo y Gas más importantes del mundo.

En el paraje, hay una escuela albergue para que lxs niñxs de los puestos más alejados puedan tener garantizado su acceso a la educación. Es la Escuela Albergue Nº144, que este año cumplió 40 años.

Esa escuela estaba en obra. Una obra largamente reclamada y esperada. Se estaba construyendo la ampliación del albergue donde duermen lxs niñxs, aulas, una vivienda para docentes y otras mejoras.

Mónica Jara era una docente recién recibida en el ISFD Nº 9 de Centenario que tomó su primer cargo allí. Dio sus primeras clases por zoom y participó de reuniones con sus compañerxs, también virtuales. Unos días antes del 29 de junio, la Directora les comunicó que según la información que le habían proporcionado, la escuela ya estaba en condiciones y que podían empezar el dictado de clases presenciales.

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A partir de ese hecho se abrió una Causa Penal. Las familias de lxs compañerxs fallecidxs y aten somos Querellantes. Esta figura permite a las víctimas estar cerca de la investigación, proponer medidas y controlar el proceso y las acusaciones que realice la Fiscalía.

A dos años de iniciada la causa, logramos que se formulen cargos a funcionarios de Obras Públicas, de educación y a los responsables de la empresa encargada de la obra. Las medidas iniciales llevadas adelante por nuestros abogados y peritos nos han provisto de información importante para sostener las acusaciones, así como los allanamientos que nos permitieron poner a resguardo valiosa documentación. Asimismo, no podemos dejar de advertir, que la Justicia de nuestra provincia tiene serias dificultades para investigar delitos de corrupción. El Estado por burocracia o por complicidades propias de las corporaciones, resulta un objeto de difícil acceso a la hora de analizar e investigar sus actos.

? ??? ????????? ?? ??? ?????????, ????? ????? ?????, ?????? ?????́?? ?????? ???????????????;; no habrían controlado ni habrían evitado que la obra se realice con las graves deficiencias motivo de la explosión y estando en conocimiento de la situación de la escuela, por acción u omisión, no habrían actuado para evitar la presencia de docentes y estudiantes en esas condiciones.

Además, ????????? ?????????? ? ?? ?????????́? ???? ???????? ????????????́? ?? ????????? ??́????? ? ???????????́? ? ?? ?????????????́? ??́?????. A pesar de estas graves acusaciones, todos lxs funcionarios públicos continúan en sus cargos, sin que sobre ellxs pese siquiera un Sumario Administrativo.

aten ha dispuesto para esta causa, un equipo de profesionales integrado por abogados, peritos criminológicos y contables que son quienes representan ante la Unidad Fiscal de Cutral CO a cargo de la Dra Gabriela Macaya, no sólo a aten sino también a las familias de Mónica Jara y de Mariano Spinedi. Este equipo viene dando una dura batalla legal para sostener las imputaciones que conforman los cargos que pesan sobre:

• Roberto Deza Subsecretario de Obras Públicas: administración fraudulenta en concurso real con falsedad ideológica de instrumento público.

• Carlos Córdoba y Raúl Capdevilla Directores de Obras Contratadas y Sergio Percat Inspector de obra: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta.

• Fabio Luna Director General de Educación Rural y Patricia Cresatti Directora Provincial de Nivel Primario: incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso real con homicidio culposo.

• Héctor Villanueva, socio gerente de Arte Construcciones y Diego Bulgheroni, representante técnico: estrago culposo agravado por su resultado muerte en concurso real con administración fraudulenta.

• Eduardo Afione, subcontratista: estrago culposo agravado por su resultado muerte.

• Gabriel Potas, coordinador interinstitucional de la unidad de planificación e infraestructura, del Ministerio de Educación, una decisión del Tribunal Superior de Justicia inédita declaró la nulidad de su Formulación de Cargos, aunque sigue siendo investigado y mantiene abogado defensor.

Estas conductas deben ser investigadas sin obstáculos ni contemplaciones, y de probarse, sancionadas con la mayor firmeza de la ley, por derecho de las familias y además para que no se repitan.

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El fallecimiento de Silvia Roggetti en junio de 2000 fue el doloroso resultado del tratamiento negligente de la obra pública en los establecimientos educativos. Ha sido la demostración más brutal de las consecuencias irreparables de las conductas desidiosas de quienes deben velar por el cuidado de quienes habitamos las escuelas.

A 23 años de aquel hecho, hoy nos toca exigir justicia por otro suceso evitable, y ligado no sólo al no haber hecho o al haber obrado irresponsable y negligentemente sino a la firme presunción de que hay delitos de corrupción que favorecieron a que se generen las condiciones de vulnerabilidad y puesta en peligro cierto y fatal a Mónica, Mariano y Nicolás.

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A dos años, exigimos:

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