El Diputado Nacional del PRO Francisco Sánchez, denosta públicamente la formación organizada por el Ministerio de las Mujeres, establecida por Ley de Capacitación Obligatoria en Género N° 27499, para todes les funcionaries de los tres poderes del Estado. Llanamente, califica a esta formación como adoctrinamiento y a la ley misma como una IMPOSICIÓN TOTALITARIA.
La ley Micaela es una norma que establece la sensibilización y capacitación de las personas que toman decisiones de Estado en temas de género y violencia contra las mujeres. Es un mandato constitucional y genera la obligación de terminar con los estereotipos de género.
Si bien la violencia de género no se frena sólo con capacitaciones estatales, estas son fundamentales a la hora de avanzar hacia un Estado presente.
En este tiempo necesario de aislamiento social en el cual las violencias hacia las mujeres, las infancias y las disidencias se manifiestan con la crueldad de los femicidios y el incremento de las denuncias, el diputado Sánchez opera abiertamente en contra de una ley fundamental para cambiar los modos patriarcales de administrar el Estado, y no hace más que evidenciar su ideología machista y patriarcal.
Sería muy importante que ocupe su tiempo en profundizar el conocimiento en temas de violencia patriarcal. Existen también otras leyes que obligan al Estado en esta materia, como la 26150 de Educación Sexual Integral. Podemos continuar con otras que amplían y reconocen derechos para las mujeres, disidencias sexuales e infancias.
Sánchez, debe conocerlas y hacerlas cumplir para opinar científica y no dogmáticamente cuando se ponga en discusión otra ley que ya ganamos en la calles, el aborto legal.
Sus expresiones públicas dan cuenta que habla por su iglesia y su partido político que es el mismo que en cuatro años sumió a nuestro país en un obsceno endeudamiento y exclusión recortando programas de asistencias y derechos a la clase trabajadora, imponiendo un feroz ajuste.
Tenemos aún un largo camino, exigimos garantías para las mujeres que denuncian, subsidios para que tengan libertad económica, protección a las víctimas y a sus hijes, condena y prisión efectiva a los femicidas, espacios de atención específica gratuitos, entre tantas otras demandas.
COMISIÓN DIRECTIVA PROVINCIAL
